Coronavirus: la singularidad del Brasil de Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que comparó la COVID-19 con un “resfriado miserable”, es el único líder mundial que todavía cuestiona las medidas de confinamiento para combatir la pandemia.

Además, los planteamientos y directrices de Bolsonaro sobre coronavirus carecen de apoyo por parte de miembros del gobierno brasileño, gobernadores civiles, alcaldes… Pero el problema es que cesarlo es complicadísimo.

Para entender el galimatías de las tensiones políticas por la gestión del coronavirus, hay que tener en cuenta que el sistema político brasileño se fundamenta sobre tres vectores que marcan decisivamente sus actuaciones políticas: el presidencialismo, el federalismo y el multipartidismo.

Presidencialismo

Brasil como la mayor parte de los países del continente americano tiene un sistema presidencial. Eso significa que su Presidente, acumula grandes cuotas de poder (no es baladí que las democracias limiten de alguna manera la duración de los mandatos presidenciales) al confluir en esta figura tanto la Jefatura del Estado como la del poder Ejecutivo.

El Presidente no puede ser cesado por el Parlamento (salvo en las contadas excepciones asociadas a delitos de responsabilidad que permite el impeachment), ni tampoco el Parlamento puede ser disuelto por el Presidente, pues ambos están legitimados por el electorado. El/la Presidente/ Vicepresidente del país son elegidos por elección directa en un sistema de mayoría absoluta (ballotage).

El actual presidente, Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), resultó elegido en la segunda vuelta (octubre de 2018) con algo más del 55% de los votos, superando en más de 10 puntos a su rival Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores (PT).

En un país con voto obligatorio, la participación en esta segunda vuelta alcanzó un 71% de los más de 147 millones de personas llamadas al voto, y dato curioso: con más de 8,5% de votos nulos (Election Guide. Democracy Assistance and Election News).

Federalismo

En segundo lugar, Brasil es un país federal, por lo que el poder político se reparte entre instituciones que controlan ámbitos territoriales diferentes: el federal, el estatal y el municipal.

Así, la actual Constitución brasileña de 1988 refuerza las competencias, los gobiernos y la capacidad legislativa de los estados federados y municipios. De esta manera, los 27 gobernadores estatales y los otros tantos prefectos municipales gozan de un nivel de autonomía sustancial e independencia fiscal con respecto a la toma de decisiones de su federación.

Multipartidismo

El tercer eje que explica las particularidades políticas brasileñas es el multipartidismo.

En este modelo de poder descentralizado, el poder legislativo reside tanto en el ámbito federal en el Congreso Nacional (Senado Federal y Congreso de los Diputados) como en los estados federales y municipios, que tienen a su vez sus respectivos órganos parlamentarios.

Pues bien, como resultado de la última elección a la Cámara de los Diputados en octubre de 2018, 30 partidos políticos se repartieron los 513 escaños en juego y, por lo tanto, obtuvieron representación en el parlamento más fraccionado de su historia. Huelga decir que ninguno consiguió una mayoría suficiente: el PT escasamente superó al PSL del presidente Bolsonaro, aunque entre ambos apenas llegan al 25% del total.

Por lo tanto, en un arco parlamentario tan volátil y fragmentado, cualquier pacto precisa de un gran número de partidos con sus consiguientes reivindicaciones de unos y cesiones de otros, poniendo de manifiesto la debilidad presidencial para tejer alianzas parlamentarias y mantener la gobernabilidad.

Aislamiento y discordancias

En este escenario –de atomización de partidos y de poder repartido en el territorio– es donde se pone de manifiesto el aislamiento político de Bolsonaro y las importantes voces discordantes a su gestión.

Por ejemplo, el presidente de Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia del partido DEM (Demócratas) dio luz verde a la aprobación de una ayuda económica a los estados para contrarrestar los efectos del COVID 19 en contra del criterio de Bolsonaro; también el Senado vota en contra de los decretos presidenciales; los gobernadores de los Estados, como Rodrigo Doria de Sao Paulo lo retan; alcaldes, que apoyan el confinamiento contrario a sus postulados… Además, sus otrora superministros son apartados (Luiz Henrique Mandetta al frente de la cartera de Sanidad) y otros renuncian (Sergio Moro en Justicia), a pesar del gran apoyo popular a su desempeño y, los que en el alejamiento del gobierno no escatiman en críticas y ataques políticos y personales al Presidente.

Sin embargo, la encuesta de Opinión Pública publicada por Datafolha de Sao Paulo el 3 de abril revela que, aunque apenas un 33% de la población aprueba cómo Bolsonaro está liderando la pandemia, el 52% considera que tiene condiciones para seguir como presidente (frente al 44% que dice que no), siendo una eventual renuncia rechazada por al mayoría (59%) que tan sólo sería apoyada por un 37%.

Otro estudio aún más reciente (Datafolha 18.04.2020) sentencia que las opiniones sobre gestión del presidente Bolsonaro sobre el Coronavirus se reparten por igual entre lo bueno (36%) y lo pésimo (38%), lo que evidencia esa polarización que hay entre los que le apoyan y los que le critican.

En definitiva, aunque al presidente Bolsonaro le lluevan las críticas por cómo está tratando el tema que lleva de cabeza al mundo entero por sus más que incómodos comentarios sobre las cuestiones técnicamente sanitarias, el propio sistema de reparto y la separación de los poderes políticos hace que su responsabilidad y gestión tenga que ser compartida.

Empero, no se permite su destitución más que por su ciudadanía en unas elecciones, pues al haber sido directamente elegido por ella, es únicamente la población quién puede quitarlo (salvo por sus representantes –también electos– por flagrante delito mediante impeachment en el Congreso Nacional).

Ahí reside el poder del pueblo y el sentido de la Democracia.

Irene Belmonte Martín, Profesora de Ciencia Política y de la Administración, Universidad Miguel Hernández