Elecciones en El Salvador: inseguridad, calidad de la democracia y desafíos económicos

Pablo Biderbost, Universidad de Salamanca y Guillermo Boscán, Universidad de Salamanca

En el primer semestre de 2023, según el laboratorio de ideas salvadoreño Fundaungo, el 83,2 % de los ciudadanos de esta nación centroamericana habían manifestado su interés en votar en las elecciones presidenciales del domingo 4 de febrero de 2024.

En un sondeo reciente de la Universidad Francisco Gavidia, el 70,9 % de la intención de voto apoya la candidatura del actual presidente, Nayib Bukele.

La simulación de voto efectuada por la Universidad Centroamericana (UCA) eleva el nivel de adhesión a su reelección a un 81,9 %. En segundo y tercer lugar, a una distancia en torno a 70 puntos porcentuales, se encuentran los aspirantes tradicionales del centro izquierda (FMLN) y del centro derecha (Arena).

¿Qué explica esta previsión de éxito rotundo del actual primer mandatario?

Básicamente, la respuesta se centra en los resultados obtenidos en el combate contra la inseguridad. Según datos de la Policía Nacional Civil de El Salvador, la tasa anual de homicidios por cada 100 000 habitantes ha bajado de 53,1 % en 2018 a 2,4 % en 2023. El ministro de Seguridad, Guillermo Villatoro, ha recordado que El Salvador detenta ahora la tasa más baja de homicidios de América Latina y la segunda más baja de todo el continente (solo por debajo de Canadá).

Políticas de seguridad controvertidas

Al descenso significativo de este y otros indicadores en materia de seguridad física han contribuido las medidas aprobadas por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, en los primeros seis meses de 2022. Las políticas adoptadas –que pivotaban sobre la declaración del estado de excepción, el endurecimiento de la política de detenciones, el crecimiento de la capacidad carcelaria y la evitación de la difusión de simbología y mensajes asociados a las maras– han sido criticadas en su forma y en su fondo por organizaciones internacionales y organizaciones variopintas de derechos humanos tanto dentro como fuera de las fronteras de este país.

Liz Throssell, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, expresó al respecto que es perfectamente comprensible el difícil equilibrio al que debe hacer frente el gobierno salvadoreño en su combate a la criminalidad, pero insistía en la necesidad de su adecuación a los estándares previstos en la normativa internacional.

Sin embargo, estos resquemores expresados por la comunidad internacional parecerían no tener arraigo en una mirada global por parte de la población salvadoreña. Según la oleada del año 2023 del Barómetro LAPOP de la Universidad de Vanderbilt, el 77,3 % de los encuestados en esta nación reconoce estar satisfecho con su régimen democrático. La misma encuesta señala que quienes dicen tener mucha confianza en el presidente constituyen cerca de la mitad de la población (44,5 % del total). El 91,2 % admite percibir que la seguridad ha mejorado en los meses previos a ser preguntados. Tan solo un 6,9 % de los entrevistados ven a la inseguridad como el problema más grave.

Evidentemente, la creciente confianza ciudadana en la figura presidencial salvadoreña desde el inicio de su mandato fue la catapulta para que, incluso en contra de la prohibición constitucional en sus artículos 75, 88, 131, 152, 154, 248, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia autorizase la búsqueda de la reelección.

Entre los adherentes a esta interpretación, se sostiene que el articulado constitucional se encuentra redactado para un escenario propio de las transiciones de la democracia (nada coincidente con las necesidades actuales) y que otros países de la región hicieron uso de recursos jurisprudenciales similares (aunque no exactamente iguales) en el pasado (tal es el caso de la autorización recibida por Oscar Arias en su día para buscar una reelección no consecutiva en Costa Rica).

El propio sondeo de la Universidad de Vanderbilt proporciona información sobre cuáles serán los principales desafíos a los que deberá hacer frente el nuevo presidente una vez reelecto. El 61 % de la población afirma que su principal problema es la situación económica. Datos de Fundaungo identifican un porcentaje cercano sobre esta preocupación (68,2 %).

Los vaivenes geopolíticos globales han acrecentado la inflación en este país de economía dolarizada (7,7 % para el año 2022, según el Banco Mundial). De acuerdo a los expertos de Oxford Analytica, la competitividad y, en consecuencia, el crecimiento económico se encuentran limitados por la insuficiente infraestructura y la carencia de recursos humanos con alto nivel formativo.

Un 27 % de la población es pobre

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en su reporte sobre el país, recuerda que el 27 % de su población se encuentra en situación de pobreza y que la provisión de servicios se tensiona con la llegada de inmigrantes retornados (lo que podría estar reflejando transformaciones positivas que son factores de atracción) y la ocurrencia reiterada de eventos ambientales extremos. A pesar de los indicadores en principio negativos descritos, los mismos no obstan para que el 51,9 % de la población, según LAPOP, sostenga que la situación económica personal puede mejorar en los próximos meses.

Estas preocupaciones ciudadanas contrastan con las expresadas por referentes políticos de la oposición y miembros de la sociedad civil. Para los últimos, los mayores desafíos y críticas en el corto y mediano plazo se centran en el marcado deterioro de la calidad democrática observada en el país. Entre los puntos que se consideran peligrosos por parte de estos actores se encuentran la avanzada desde el Ejecutivo sobre otros poderes, la reducción del número de municipios (con lo que implica en términos de reducción de la responsabilidad politica) y los denunciados procesos de detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos.

Resulta probable que, a partir de la publicidad de los evidentes logros obtenidos en materia de combate a la inseguridad, el nuevo gobierno de Bukele hará lo posible por centrarse en políticas que conduzcan a la creación de un entorno de crecimiento económico. Será interesante seguir de cerca también las acciones que llevará a cabo tanto para mejorar la imagen democrática de su gobierno como para cuidar el capital simbólico que ha construido internacionalmente en torno a su figura y a su país por lo que han implicado los impactos en reducción de la criminalidad.

En este sentido, merece la pena recordar que su discurso ha sido emulado por otros líderes de la región (Noboa, Kast o Milei, solo por citar algunos ejemplos) porque conocen del “arraigo y arrastre” del político salvadoreño en medios de comunicación tradicionales y, sobre todo, en redes sociales (5,8 millones de seguidores en X, 6,2 millones en Instagram y 7,5 millones en TikTok).

Pablo Biderbost, Departamento de Sociología, Universidad de Salamanca y Guillermo Boscán, Profesor Ayudante Doctor en el Área de Ciencia Política, Universidad de Salamanca